Hace algún rato leí un libro de teoría de administración, que me llamó la atención por el título, sin duda muy sugestivo, llamado “El Juego Infinito” o en inglés “The Infinite Game”, de Simon Sinek, que es una persona con teorías disruptivas en materia de administración, trabajo, vida, balance de trabajo y vida, y que recomiendo seguir.
El libro, es en el fondo una crítica a la cultura del cuatrimestre, es decir, a los resultados de corto plazo, que se imponen por la forma como los mercados bursátiles funcionan; las empresas, afirma el libro, y sus directivos, toman decisiones de corto plazo, buscando resultados del cuatrimestre, olvidándose que en realidad el juego es muchísimo más largo, y que los dirigentes deben estar dispuestos a tomar esas decisiones que busquen el bienestar de la compañía en ese mismo horizonte de tiempo.
Sinek argumenta que las crisis recientes del mercado, han sido el resultado precisamente de mentes que piensan en la ganancia rápida, en esconder o disimular los resultados que resultan contrarios a las expectativas de corto plazo, y a tomar decisiones en contra del interés general, precisamente porque lo que importa no es ese horizonte que parece lejano, sino la lectura que el mercado pueda hacer de los resultados de corto plazo (Ver por ejemplo la película “Margin Call” que muestra muy bien este tipo de decisiones).
Ese pensamiento cortoplacista, es sin duda un cáncer en la sociedad moderna; los productos salen al mercado de manera precipitada, porque se requieren para mejorar los resultados, no importa que estos puedan tener efectos no deseados, asociados por ejemplo a la salud de las personas o de las empresas, o del consumidor, o del medio ambiente, o cualquiera de este tipo de bienes comunes que los economistas denominan “externalidades”, que en la medida que no sean evidentes, pasan impunes.
Un ejemplo de esto, que me resulta personalmente increíble, son los decretos que expidió el Presidente Trump contra las Firmas de Abogados americanos, que tienen o tuvieron como socios de dichas firmas, abogados que participaron en casos en los que intereses del presidente Trump pudieron verse afectados, como por ejemplo, las investigaciones por las manifestaciones del 6 de enero de 2021, o las medidas judiciales que se tomaron contra las acciones de influencia en el Estado de Georgia, sobre las autoridades electorales.
El Decreto expedido por el Presidente Trump, prohibía que las entidades públicas del orden federal pudieran recibir abogados de esas firmas, o que entraran en tratativas con los clientes de esas firmas, con la intención clara de desaparecerlas del mapa, y evitar que siguieran en el negocio. Ese tipo de medidas en un país como Colombia serían totalmente impensables, aunque han existido intentos de este tipo de arremetidas, como por ejemplo la que propuso el Superintendente de Industria y Comercio Barreto, durante el gobierno del Presidente Duque, de quien era amigo personal, de sancionar a los clientes de los abogados por interponer recursos que la entidad contra quien se interponía el recurso, considerara superfluos.
Lo interesante del caso es precisamente la reacción de las firmas de abogados afectadas, que no fueron pocas. Unas – pocas la verdad, las más grandes de todas, decidieron sentarse a negociar con el Presidente Trump, en condiciones que aún hoy no son del todo claras, pero que las obligaba a trabajar pro – bono (gratis) para causas que el Presidente Trump considerara que se requería un apoyo legal.
Otras firmas, más pequeñas, decidieron que esto era algo que no era aceptable en un Estado de Derecho, y asumieron los costos de corto plazo, y rápidamente actuaron judicialmente contra la medida, logrando efectivamente que los decretos fueran revocados, como pareciera ser el derecho de las cosas.
Las firmas que negociaron, pensaron en el corto plazo, en el posible desangre que iban a sufrir por cuenta de la medida, sin tener en cuenta que un acuerdo de estos podría ponerlos en evidencia en el largo plazo ¿Quién quiere trabajar con una firma de abogados que no esta dispuesta a defenderse a si misma de las arbitrariedades del Estado?
Aunque aún es muy pronto para ver si los que negociaron se mantuvieron impunes en su decisión, sin ninguna consecuencia, es claro que la medidas dejaron heridas profundas, que sin duda afectarán el largo plazo de las firmas, tanto desde el punto de vista de personal, como de negocios.
Las que se acudieron a la demanda contra los actos del Presidente Trump, por el contrario, lograron suspender la medida en muy corto plazo, y al mantener la línea, mantuvieron su prestigio intacto, pero mejor aún, conservaron el Estado de Derecho en el mediano y en el largo plazo; actuaron con una mente pensando en el futuro, como lo afirma Sinek en su libro.
En Colombia, esta experiencia es sin duda alguna importante, no tanto en la industria de los abogados directamente, pero si en el ejercicio del derecho y más allá de esto, en la defensa de los elementos fundamentales del mismo.
Las personas y las empresas, durante gobiernos anteriores a los del Presidente Petro, han tolerado medidas que en realidad son contrarias al Estado de Derecho, pero que, al resultar convenientes en el corto plazo, no fueron objeto de revisión por parte de los autoridades judiciales administrativas; en otras palabras, medidas abusivas, abiertamente ilegales o falsamente motivadas no fueron objeto de demandas, porque los beneficios de dichas acciones no se verían en el corto plazo, sino una vez la jurisdicción contenciosa administrativa se pronunciara, dentro de las instancias creadas precisamente para garantizar el debido proceso.
¿Cuál es el resultado de dichas decisiones?
Que hoy en día, cuando las mismas medidas son tomadas por el gobierno actual, se amparan en antecedentes del pasado, como si esto fuera la patente de corso para poder sacar cualquier acto administrativo.
La posición de corto plazo de las empresas, ignora, además, que el mismo Estado de Derecho permite que este tipo de actuaciones sean atacadas de forma anónima, a través de acciones de simple nulidad, que tiene como ventaja que se discute únicamente los puntos de derecho, y no los daños derivados del mismo, sino que, además, en caso de que resulten positivos, no tienen un efecto sobre el patrimonio de los funcionarios que incurrieron en la falta.
En efecto, las anteriores resultan ventajas importantes, porque parte de la decisión de las empresas de no actuar, tiene que ver con los impactos que dichas demandas tienen en el ánimo de los funcionarios públicos, que las ven como una amenaza a sus propias finanzas, por la acción de repetición que el Estado puede tomar contra éstas.
Sin duda los negocios que tienen una perspectiva de largo plazo deben tener igualmente acciones que busquen garantizar ese largo plazo, para proteger esas bases legales y constitucionales que son la verdadera garantía del Estado de Derecho y por lo mismo, de nuestras libertades, incluyendo la libertad de empresa.
ANGEL CASTANEDA MANRIQUE 