Por Ángel Castañeda M.
En materia de gas y de energía, el debate acerca del pago de los subsidios que el Gobierno Nacional debe hacer anualmente, ha pasado a un segundo plano, olvidando así que el esquema de subsidios en los servicios públicos, es tal vez el esquema más social que puede haber, y un verdadero instrumento de redistribución de ingresos. En este documento, explico de la manera más breve y clara de la que soy capaz, la forma como funcionan los subsidios, y porqué, en efecto, son un instrumento propio de una economía social de mercado.
Como se sabe en Colombia, la expedición de la ley de servicios públicos fue en primer lugar, el desarrollo legal de los cambios incluidos en la Constitución Política, y específicamente en la forma como éstos se prestan. El cambio fundamental radicó en quitarle al Estado el monopolio de la actividad, dejando el Estado a cargo de las funciones de regulación, control y vigilancia, buscando una prestación más costo-eficiente de los servicios a los usuarios.
Uno de los principales problemas del sistema anterior radicaba en que las tarifas, a cargo de la Junta Nacional de Tarifas, no se establecían con criterios técnicos ni con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, sino que respondían principalmente a criterios políticos. Un ejemplo de ello es que los incrementos tarifarios, eran limitados a la inflación, sin adelantar análisis técnico alguno; tal y como lo que ocurre actualmente en el sector salud, en donde la actualización de la UPC, está siendo determinada directamente por el Ministro de Salud en función de la inflación, por orden expresa del Presidente de la República, sin el debido sustento técnico.
En ese sentido, el nuevo modelo buscaba que la determinación de las tarifas se hiciera por un órgano independiente, que permitiera que estas reflejaran los costos eficientes de prestación del servicio y que la garantía al acceso y uso de los servicios a la población mas desfavorecida, estuviera a cargo del Estado, tal y como lo señala el artículo 365 de la Constitución Política.
El modelo previsto en la ley 142 de 1994, es un círculo virtuoso, que permite garantizar los recursos para la prestación y expansión de los servicios públicos, y al mismo tiempo, para que la población menos favorecida, pudiera acceder al servicio y hacer uso del mismo, precisamente a través de los subsidios. El siguiente diagrama muestra el círculo virtuoso antes descrito:
Ahora bien, contrario a lo que cree el Gobierno del Presidente Petro, el mecanismo de aplicación de los subsidios, parte del hecho que son las empresas de servicios públicos las que le otorgan el porcentaje de subsidios a los usuarios en cada factura, esto es, le financian al Gobierno con su capital de trabajo. Si el gobierno pagara a tiempo, la empresa podría pagar a sus proveedores, empleados y demás, y el servicio estaría garantizado para toda la población.
Esos recursos que se destinan al pago de subsidios de los estratos 1, 2 y 3, se alimentan además de los usuarios de estrato 5 y 6 e industrial y comercial (aunque existen excepciones), materializándose de esta manera la redistribución de ingresos, donde los sectores más pudientes, subsidian con el pago de su factura a los menos pudientes. Esto es precisamente lo que se conoce como la Economía Social de Mercado.
En el siguiente diagrama podemos ver el funcionamiento del mecanismo, y la forma como funciona ese círculo virtuoso.
De acuerdo con lo anterior, es claro que el círculo virtuoso del esquema solo funciona cuando todas las partes cumplen con sus responsabilidades. Si el Gobierno Nacional no paga los subsidios que le corresponden, la empresa se ve afectada en sus finanzas. Esta situación impacta negativamente la relación con sus proveedores, quienes empiezan a ver que tiene dificultades en el pago, perciben mayor riesgo y en consecuencia, incrementan sus precios o restringen sus servicios. En general, esto desencadena un efecto negativo en toda la cadena de prestación del servicio, comprometiendo su sostenibilidad y calidad.
Conociendo esto, resulta increíble que el Gobierno Nacional, no le de prioridad al pago de los subsidios de servicios públicos de energía y gas, porque los beneficiarios directos son los usuarios más pobres del país, y los indirectos son todos los usuarios, que tienen empresas sanas, con capacidad para cumplir con sus obligaciones. Si el discurso es favorecer a las personas mas desfavorecidas de la sociedad, es difícil pensar que el pago oportuno de los subsidios no está alineado con ese objetivo.
La profesora Magdalena Correa, en su libro “Libertad de Empresa y Estado Social de Derecho”, resalta precisamente que el cumplimiento de los objetivos sociales del Estado, como lo es sin duda el pago de los subsidios, es precisamente uno de los elementos que caracteriza esa concepción de Estado, con enfoque social, que no puede simplemente recargar en la empresa las obligaciones que la ley le asigna al Estado.
Pero considerando lo anterior, la pregunta es ¿Qué pueden hacer las empresas o los usuarios o los proveedores, para que se cumpla la Constitución y la ley?
Considero que como en todo Estado de Derecho, será necesario recurrir a las cortes, para que los presupuestos públicos efectivamente reflejen la prioridad de estos recursos, antes que otros gastos, como viajes, nuevas embajadas, cambios de cortinas de las casas del Presidente, o el pago de aviones para recoger Colombianos expulsados de los Estados Unidos, o conciertos como los que organiza RTVC, o las marchas para que el Gobierno proteste contra sí mismo.
Considerando el marco constitucional y legal vigente, existen suficientes argumentos para atacar una ley de presupuesto que no cumpla con estos requisitos básicos, porque precisamente, los subsidios son los que permiten que la población más desfavorecida, pueda efectivamente acceder y usar los servicios públicos, y estos a su vez, son inherentes al Estado mismo, es decir, mucho más importantes que los gastos suntuarios o, por ejemplo, los de publicidad.
Ojalá el Gobierno de Petro reaccione y entienda que siempre es necesario un mínimo de coherencia, y que, si es cierto que quiere favorecer con su actuar a los más pobres, debe cumplir con su deber. El Ejecutivo existe para cumplir la ley, no para sabotear, como pareciera ser la estrategia en los servicios de energía, gas, salud y asistencia social.
ANGEL CASTANEDA MANRIQUE 