Por Angel Castañeda M
Si pudiéramos ver la realidad colombiana a 10.000 pies de altura, podrían evidenciarse con claridad los nexos y conexiones entre los eventos, las acciones del gobierno y por lo mismo, las estrategias detrás de cada acción.
Por ejemplo, en materia de gas natural; todos los gremios del sector de energía advirtieron las consecuencias que tenía la decisión unilateral del Presidente Petro, que ni siquiera le mereció un acto administrativo, según la cual, no se hacían más contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, es decir, gas y petróleo, y por el contrario, las empresas tenían que concentrarse en los descubrimientos existentes y los contratos firmados.
¿Qué implicó en la práctica esta «decisión» del Presidente?
En primer lugar, que las grandes empresas que operan a nivel global, y que son dueñas de las tecnologías más eficientes, perdieron todo interés en el país, y algunas se quedaron con lo que tenían, destinando sus presupuestos de inversión a la exploración en otros países, en donde no ocurren este tipo de “decisiones” antidemocráticas y totalmente arbitrarias.
En segundo lugar, que las empresas que ya están en el país, incluyendo ECOPETROL, tuvieron que dedicarse a campos ya existentes, para sacar literalmente las sobras de explotaciones anteriores; esto por supuesto, es muchísimo más costoso, lo que se evidencia en el aumento del costo por barril que tuvo ECOPETROL en sus estados financieros.
En tercer lugar, que los contratos existentes, tales como los proyectos costa afuera que se están desarrollando, están en una etapa muy temprana, donde si bien se han hecho anuncios de grandes reservas, eso no significa que el país pueda contar con ellas en el corto plazo, y por lo mismo, NO SIRVEN PARA CONJURAR LA CRISIS. En cualquier caso, cuando esas reservas entren, una vez superen las zancadillas y patadas que envía el Ministerio de Ambiente y la ANLA, llegarán a precio internacional o muy cerca al mismo.
Finalmente, considerando un concepto económico básico como la ley de la oferta y la demanda, es natural que, al estar creciendo la demanda por gas natural, sin que la oferta aumente al mismo ritmo, el precio termina subiendo. Además, preocupa que, cualquier falla de cualquier campo, deja al país sin margen de maniobra.
Por fortuna, en el año 2013, con muy buen tino y bajo la dirección del Ministro Amilkar Acosta, el país tomó la decisión de crear un entorno regulatorio, que permitió que el SECTOR PRIVADO, pudiera construir una infraestructura de importación de gas, que si bien inicialmente fue creada para la atención de una parte importante de la demanda de las generadoras térmicas del norte del país, hoy en día es la válvula que permite atender los faltantes de gas que se presenten, permitiéndonos tener el combustible disponible.
Es evidente que la terquedad del actual Presidente, de ignorar las leyes básicas de la economía y del derecho, está empezando a pasarle factura al país. Esta actitud que algunas personas llamaron “valiente” de cerrar el grifo de los hidrocarburos, tendremos que pagarla vía mayor costo de las facturas de gas, de energía eléctrica y de competitividad de nuestra industria, es decir, seremos cada vez más pobres.
Pero si todo esto es información pública ¿Por qué el Ministro de Minas y Energía, Andres Camacho, y el Presidente Petro afirman que tenemos gas de sobra?
He ahí la estrategia.
En efecto, el Presidente literalmente haciéndose el que no es con él, solicita una investigación a las empresas que precisamente salvaron el principio de continuidad del servicio de gas natural en el país. Es decir, en los términos del Presidente, ordenan fusilar al Coronel Aureliano, que estaba defendiendo los derechos de los oprimidos (por lo menos al principio).
El Ministro de Minas y Energía, como si fuera parte de los bodegueros que actúan de manera coordinada en las redes, le hace eco a la disculpa del Presidente, y dice además que la culpa es de los agentes, que compraron gas importado, cuando según él, había suficiente gas interno ¡Que locura! Es como si el Ministro no manejara las cifras de su sector, no supiera o no quisiera entender las consecuencias de sus propias acciones y mucho más de sus omisiones.
La Superindente de Industria y Comercio, en el mejor papel de perro de caza, la sueltan para que investigue, no sabe qué realmente; lo importante es conseguir toda la información de los agentes, para ver por donde le buscan una excusa para abrir una investigación, no importa que no se ajuste a la ley, que no se garantice el derecho al debido proceso, y que no exista nada que buscar.
¿Por qué no hay nada que buscar?
Fundamentalmente porque la ley, y la regulación de la misma CREG, determina que es obligación de las empresas comercializadoras, que son las que facturan y atienden al usuario final, la de prestar el servicio de manera continua e ininterrumpida a todos sus usuarios (residencias, comerciantes, industriales).
¿Qué pretendía el Gobierno Nacional que hicieran las empresas? ¿Qué esperaran a que el Consejo de Ministros hiciera una evaluación objetiva de la situación, corrigiera el rumbo e hiciera los ajustes ambientales y de política pública? Eso no va a pasar, como lo demostró bien el Presidente en el evento televisado. El Consejo de Ministros no discute los temas importantes para el país.
Los usuarios residenciales, comerciantes, pequeños industriales, por fortuna tienen empresas que se preocupan por ellos, que los representan ante el mercado de la mejor manera que pueden, y si bien no pueden hacer alarde de sus acciones, porque el Presidente los pone como objetivo político, buscan alternativas y opciones, precisamente para atender sus mercados.
Los grandes industriales tienen que prender todas las alarmas, y deben buscar alternativas para ver como se pueden atender sus necesidades. Deben pensar además que esto que está pasando en el sector de gas, pasará muy pronto en el sector eléctrico, es decir, no habrá energía para todo el mundo, y por tanto, deben buscar soluciones ya, para no interrumpir sus procesos industriales. Al gobierno solo le queda 1.5 años, que es un tiempo suficiente para diseñar una estrategia, que permita la continuidad de las empresas en el país.
La estrategia con las investigaciones de la SIC, es distraer, difundir la responsabilidad que solo es del Presidente y del Ministro de Minas y Energía, que al parecer no ve los informes de Ecopetrol, UPME, del Gestor del Mercado y de todo el mundo, que advertían de este momento.
ANGEL CASTANEDA MANRIQUE 